Artículo Mitzi Selene Robles Cruz

Normalistas fueron asesinados y calcinados: Murillo Karam
Es un "número de personas que no pueden precisar con exactitud"; uno de los autores materiales estimó que eran "más de 40 personas". En el Río San Juan encuentran huesos calcinados.

El procurador Jesús Murillo Karam informó que 3 integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregó la policía de Iguala y Cocula, todos ellos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, detenidos el 26 de septiembre. 
Patricio Reyes, Jonathan Osorio y Agustín García Reyes -detenidos hace “ocho días”- fueron los integrantes del grupo criminal, quienes confesaron los hechos.
El funcionario indicó que “los testimonios que hemos recabado… apuntan al homicidio de un amplio grupo de personas“. Y presentó una parte de las declaraciones de los detenidos.
Los 3 presuntos autores materiales declararon que recibieron a un “número de personas que no pueden precisar con exactitud”; uno de ellos estimó que eran “más de 40 personas”.
Dos de los detenidos declararon que del grupo que les entregaron, algunos llegaron sin vida o inconscientes. 
Los 3 detenidos señalan que en el basurero de Cocula quemaron los cuerpos, arrojándoles diesel, llantas, leña, plástico… 
“Los enterraron con todo y ropa, los quemaron con toda y ropa”, apuntó Karam. 
Los peritos que analizaron el lugar encontraron “fragmentos de restos humanos”, indicó el funcionario. 
La orden de quien apodan “el Terco” -de Guerreros Unidos- fue de fracturar los huesos calcinados. Las bolsas fueron arrojadas en el río San Juan, desde una barranca. 
En la búsqueda en el río San Juan “encontraron restos en las bolsas“, y confirmó que eran restos humanos.
El procurador adelantó que se harán estudios mitocondriales en Austria, “tan complicados, por la extrema calcinación de los restos” y no se puede especificar fecha definida para la entrega de resultados, que confirmen la identidad de las personas asesinadas.
“No hay evidencia alguna de que los estudiantes de Ayotzinapa formaran parte de grupo criminal alguno”, advirtió Murillo.
“Es triste presentar estas imágenes… esto que no se debió dar, no se puede repetir”, consideró.
Sobre la reunión que tuvo este viernes con padres de los normalistas, Murillo dijo que fue“tranquila, dolorosa, para mí muy triste, verdaderamente triste”. 
A 33 días de las investigaciones del gobierno federal, mencionó los avances en las pesquisas y destacó la detención de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, así como la del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa. En el caso de Abarca, refirió que se reservó a hacer declaraciones, luego de ser detenido. ”Detendremos a todos los involucrados”, prometió.
Respecto a la actuación del Ejército, indicó que se mueve “sólo con órdenes”; consideró que fue mejor que no actuara en los hechos del 26 de septiembre, pues pudieron haber obedecido a la autoridad local, es decir, al entonces alcalde de Iguala.
“El acto final muestra el deseo de no dejar el menor rastro”, explicó. Fue “todo un intento de borrar cuanta pista había. Esta es una investigación exitosa en un tiempo razonable”, aseguró Murillo Karam.

COMENTARIO SOBRE LA NOTICIA
Como ya se sabe por los distintos medios de comunicación, fue la policía municipal quien participó en este genocidio, donde también actuaron grupos armados pertenecientes al crimen organizado, que hace más grave el asunto. En este caso los policías dispararon contra alumnos de la Escuela Rural de Ayotzinapa, que se encontraban recaudando fondos en dicho municipio, matando a 6 personas y desapareciendo a 47 alumnos más. La matanza en Iguala ha dejado al descubierto las omisiones de los Gobiernos locales en sus tareas de seguridad. Las autoridades han señalado que al menos 30 policías trabajaban para los “Guerreros Unidos”, el cártel que controla la región, a pesar de que la depuración de las policías fue una obsesión de los últimos gobiernos.
Más allá del deslinde de responsabilidades, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º establece en la última parte del tercer párrafo: “En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Es decir, son las acciones u omisiones a que está obligado el Estado (por la vía de sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para no violar una obligación internacional en materia de derechos humanos, por lo cual dicha obligación deriva a su vez, de la obligación que tiene el Estado de cumplir de buena fe, con los tratados internacionales (pacta sunt servanda), esta obligación obviamente también incluye las legislaciones dentro del marco jurídico mexicano.
Así como los poderes Legislativo y Judicial tienen la obligación de prevenir, también la tiene el ejecutivo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Rosendo Radilla vs Estados Unidos Mexicanos, estableció que al detenerse a una persona, las autoridades tienen la obligación de salvaguardar los derechos del detenido (por ejemplo: no permitir la tortura ni el asesinato), y esto es parte de sus obligaciones de prevenir. Además, la obligación de prevenir, puede tener doble carácter, pues puede producir al mismo tiempo, la obligación de investigar, lo que no se hizo.
 En el sistema de derecho internacional, el incumplimiento de la normatividad está acompañado de una consecuencia concreta que es precisamente la reparación del daño. La reparación que exige el Derecho Internacional por la responsabilidad en que incurren los Estados puede tener la forma de una adecuada reparación material o moral. La Corte IDH en el caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 327 textualmente dice: “Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente”.
En conclusión, ninguna institución tiene facultad para realizar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, justificándolas en hechos vagos, lo que sí debemos prevalecer, es que el hecho del caso que se dio en Iguala estado de Guerrero, tiene gran repercusión, por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron, y el Gobierno Federal lo debe reparar hasta sus últimas consecuencias, sobre todo el problema de inseguridad que se vive en el país y que su gobierno hace caso omiso, de lo contrario el ejército o cualquier institución, podrá ser, juez, parte y verdugo, esto es seguirá matando el derecho más elemental del ser humano que es la dignidad. 

(Costitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 2002)
(Corte Interamericana de Derechos Humanos DHI, 1978)



1 comentario:

  1. Me da gusto que existan aun jovenes como tu compañera que se preocupen por el futuro de nuestra nacion, y comparto tu indignación ante hechos tan reprobables como son los suscitados en la nota, lejos de ser un problema social y convertirse en una injusticia la ambigüedad que presenta el caso nos induce a exigir transparencia sobre las acciones a realizar no podemos permitir que se siga comprando y vendiendo la justicia sin respetar nuestra normatividad.
    En el caso Rosendo Radilla nos fundamenta total prohibición sobre actos de tortura lo cual convierte la nota en un caso de violación de derechos humanos, y como sociedad no solo pedimos si no exigimos se actúe en contra de los responsables no podemos vivr ciegos sordos y mudos ante la injusticia. COMENTARIO DE CINDY ALCALA MORALES

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